Jesús María Rocha Torres, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Fontanar la presente Propuesta para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Lo que se ha mal llamado: reforma de la Administración Local, no es una reforma, es una demolición. Desprecia el principio rector de cercanía administrativa de los ayuntamientos, que desde 1979, con la llegada de la democracia, por el que miles de Concejales y Concejalas, de Alcaldesas y Alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al Gobierno de sus Ayuntamientos. Estableciendo canales de comunicación para satisfacer las demandas de los vecinos. Desde 1979, paulatinamente, a pesar de la falta de definición constitucional de las competencias locales, se han afrontado muchos retos y actuaciones impulsadas por la ciudadanía. La cercanía ha configurado en los Ayuntamientos, el modelo más democrático de nuestro país y es la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.
La trágica reforma, por sus consecuencias, del artículo 135 de la Constitución Española de septiembre de 2011, acordada por PSOE y PP, que recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las Administraciones Públicas, es una obsesión que ahora somete a la Administración Local a esta mal llamada reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en pobreza y deterioro de servicios municipales que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en los más desfavorecidos.
En este informe presentado al Consejo de Ministros, se defiende y fija, por primera vez, las competencias municipales por ley central, cuando en realidad ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas, cuyos ejemplos más conocidos los representan los Estatutos de Cataluña y Andalucía reformados, han definido las competencias propias de los municipios, en una suerte de segunda descentralización con un sentido profundamente municipalista. Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque constitucional.
El informe se justifica con las generalidades de eliminar duplicidades, y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades (pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio), sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas, sin su correspondiente financiación, asociando el Gobierno estatal el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios para los colectivos más vulnerables. Esta supuesta clarificación de competencias, se reflejará en reducción de las competencias municipales a su mínima expresión, en especial en ayuntamientos con poblaciones que son más afectadas por la crisis, como es nuestro caso.
Este informe respira tutelaje de una Administración sobre otra. Se salta las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad. La obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de “racionalizar la estructura organizativa”, cuando quiere decir “Privatizar servicios”. Siendo el objetivo fundamental: favorecer la entrada de la económica privada en la gestión municipal. La clave de esta supuesta reforma es el debilitamiento de la democracia local, por la reducción de sus competencias, anteponiendo los principios financieros neoliberales, a otra consideración en la gestión municipal. Potencia la intervención y el fortalecimiento decimonónico del clientelismo. Potencia la falta de transparencia y control democrático, como se refleja en las Diputaciones Provinciales. Al privatizar los servicios públicos de los municipios, se pierde la titularidad de sus competencias, mal llamadas: profesionalidad y transparencia, a lo que es la eliminación de la política de todos en el ámbito local.
Esta supuesta reforma, huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación política, y desvían la democracia a unas propuestas justificadas en base del ahorro de gastos públicos; cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles.
La reforma refleja los prejuicios neoliberales, sin conexión con la realidad de los Ayuntamientos de España, no sobra Estado ni municipios –En Francia hay 36.000 – En España, no están más endeudados (el porcentaje de deuda Local en relación con la deuda de las Administraciones Públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste, es del 4´50%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por Madrid, con el 22´50% de la misma).
Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes de competencias sea en eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.
Esta supuesta reforma de la Administración Local supone el mayor ataque a los Ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Consejo de Ministros, con esta iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los Ayuntamientos españoles iniciada en 1979.
Elimina el poder de lo más cercano, aleja a los vecinos de la gestión municipal, potencia la deriva autoritaria. Fomenta el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. El Gobierno estatal del PP responde con más paternalismo, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.
Esta supuesta reforma pretende está impregnado de los principios del reformado artículo 135 de la Constitución Española, así como de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad financiera. Que debe condicionar todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos prestan, argumentando la pretendida intención de eliminar competencias impropias.
Desde su constitución en 1979, la mayoría de los ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones para el mejor servicio a los vecinos donde gobiernan, en permanente, aunque desigual, descentralización; asumiendo competencias para mejorar de la vida de los vecinos a la que sirven y gobiernan.
Esta mal llamada reforma, pretende desmantelar la referencia más cercana que tenemos los vecinos: El de acceso a la representación popular. Al eliminar competencias y servicios consolidados, con la consecuente eliminación de las partidas financieras que tenían, Se empuja a la privatización, provocando:
1. Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos.
2. Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones.
3. Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdida de competencias entre los menores de 20.000 habitantes en favor de las Diputaciones.
4. Dos tipos de Entidades Locales Autónomas.
5. Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal.
6. Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la Administración Local.
7. Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente.
8. Supresión del principio de organización municipal autónoma.
9. Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.
10. Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.
Por lo que se someten al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes
ACUERDOS:
1.- Mostrar rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
2.- Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para tratar este asunto y sobre el presente y futuro del municipalismo.
3.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que: cualquier reforma que afecte a las Entidades Locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
4.- Comunica igualmente al gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.
5.- Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.
6.- Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.
De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno, a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales y al Gobierno de Castilla–La Mancha.
En Fontanar a 26 de febrero de 2013
Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Fontanar
