Parece increíble, pero España ocupa el segundo lugar del mundo en número de fosas clandestinas, solo detrás de Camboya. Lo más chocante es que, en pocos días, el Tribunal Supremo podría asestar un mazazo terrible a las aspiraciones de justicia de los familiares de más de 110.000 de personas que aún permanecen enterradas por todo el país.
Y es que el único intento judicial de investigar dichas espeluznantes desapariciones ha llevado al Juez Garzón al banquillo, acusado de incumplir la Ley de Amnistía de 1977. La Fiscalía y destacados juristas a nivel mundial secundan las acciones de Garzón en este caso, y el derecho internacional establece que crímenes de tal gravedad no pueden ser objeto de amnistía. Pero el Supremo está bajo una enorme presión y podría condenar al juez, enviando un mensaje intimidatorio a los que luchan contra la impunidad y buscan proteger la dignidad de las víctimas y de sus familias.
Las críticas internacionales siguen creciendo, y nuestras autoridades son conscientes de que la independencia y reputación de nuestra judicatura está en entredicho. Enviémosles un mensaje ensordecedor pidiéndoles que apliquen los principios de derecho internacional, absuelvan al Juez Garzón, y garanticen un tratamiento justo y humano a los familiares de todos los que siguen abandonados en fosas comunes. Quedan pocos días para el final del juicio - haz clic aquí para firmar la urgente petición, y será entregada al Tribunal Supremo cuando alcancemos 50.000 firmas:
http://www.avaaz.org/es/spain_
Desde los años 90, jueces españoles han jugado un papel clave en la lucha global contra la impunidad, investigando abusos de derechos humanos en Ruanda, Chile, Guantánamo, entre otros lugares. En1998, el tenaz uso del Derecho Internacional por parte del juez Garzón permitió el arresto del General Pinochet por la tortura y asesinato de miles de ciudadanos chilenos y extranjeros.
Pero la marea está cambiando, y Garzón se enfrenta ahora a una posible condena penal por utilizar en España esos mismos principios que aplicó internacionalmente, al autorizar la investigación de la tortura, asesinato y desaparición de más de 114.266 personas entre 1936 y 1951. Iniciado por grupos de ultra derecha, el procedimiento judicial ha incurrido en importantes irregularidades procesales, e incluso, el Tribunal le ha negado a la defensa la posibilidad de aportar importantes pruebas testificales de expertos en derecho internacional. Muchos temen que este y otros juicios que pesan sobre Garzón son parte de un intento de deshacerse de un incómodo juez, que se ha labrado una reputación por perseguir a mafias traficantes de drogas, altos cargos políticos corruptos, dictadores y terroristas.
Pero en juego está mucho más que la carrera de Garzón. España ocupa el segundo puesto mundial en número de fosas comunes, y nunca seremos capaces de cicatrizar las últimas heridas de la Guerra Civil y la dictadura, si no tenemos el coraje de enfrentarnos a nuestro pasado y dar respuesta a las legítimas demandas de las familias de las víctimas, incluyendo la exhumación de sus seres queridos.
El Tribunal Supremo se enfrenta ahora a una decisión que pasará a la historia: respetar el principio de legalidad, que abarca también al Derecho Internacional vigente, o permitir que la ideología y la impunidad prevalezcan por encima de la justicia. Más allá de nuestras opiniones personales sobre la figura del Juez Garzón, alcemos nuestras voces pidiendo que nuestras autoridades judiciales y políticas respondan a este llamamiento a favor de la verdad, la justicia y la reconciliación.
